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La investigación se puso en marcha después de que el Ministerio liderado por Pablo Bustinduy recibiera quejas de asociaciones de consumidores, que denunciaban cargos indebidos durante la compra de entradas por internet. Según fuentes cercanas al Ministerio, estos recargos se habrían aplicado sin ofrecer la información necesaria, sin transparencia ni una justificación clara.

Desde el inicio de la preventa, el proceso de adquisición de entradas estuvo marcado por el desorden: fallos en las páginas web, colas virtuales con más de 100.000 personas y precios que subían de forma progresiva, ante la alta demanda por parte de los seguidores. Esta situación llevó a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a presentar una denuncia ante el Ministerio de Consumo por lo que consideran un “cobro abusivo e irregular” por parte de Ticketmaster.

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