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00:00Desde el 6 de diciembre del 2022, el Gobierno de Honduras, a través de un decreto ejecutivo,
00:04suspendió las garantías constitucionales, ordenando un estado de excepción, siendo
00:08objeto de prórroga por varios decretos, de los cuales algunos no supondrían el cumplimiento
00:13de los requisitos constitucionales, incluyendo el reciente PCM 10-2025, que extiende su vigencia
00:18hasta el 5 de abril del presente año.
00:21Hasta la fecha, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de 700 denuncias
00:26contra agentes del orden por sus acciones bajo el estado de excepción.
00:29Cabe destacar que el Ministerio Público ha emitido varios requerimientos fiscales
00:34contra miembros de la Policía Nacional, la DPI y la DIPAMCO, por delitos como allanamiento,
00:39robo con violencia, privación ilegal de la libertad, tortura, asociación para delinquir,
00:45falso testimonio, entre otros.
00:47El CONAD advierte que, de cara a las elecciones primarias el próximo 9 de marzo, el Estado
00:51no solo debe garantizar los mecanismos para su celebración, sino también debe evitar
00:55adoptar decisiones que puedan limitar los derechos conexos a los derechos políticos
00:59de la ciudadanía.
01:01Aunque el estado de excepción se aprobó para combatir el crimen, el CONADE, el Ministerio
01:05Público y organizaciones civiles han demostrado que algunos agentes del orden lo han utilizado
01:09para actuar al margen de la ley.
01:11Por tanto, en mi calidad de Ombudsperson de esta Nación, recomiendo a la Corte Suprema
01:16de Justicia a que actúe de manera oficiosa y verifique si el nuevo PCM que prorroga el
01:21estado de excepción ha cumplido con los requisitos y procedimientos constitucionales.
01:25Además, recomiendo al Congreso Nacional realizar un control efectivo de estos decretos.