• el mes pasado
Donald Trump ha confirmado sus planes de declarar una emergencia nacional para poner en marcha lo que ha descrito como «el mayor programa de deportación de la historia de Estados Unidos».

La promesa de campaña de Trump de expulsar a millones de migrantes que viven en Estados Unidos cobró impulso después de que respaldara un informe que sugiere que se podrían desplegar activos militares para el esfuerzo.

«¡¡¡VERDAD!!!» Trump escribió en las redes sociales, reiterando su promesa de expulsar a los «criminales» y «rescatar a cada ciudad y pueblo que ha sido invadido».

En un mitin de campaña, se comprometió a expulsar rápidamente a estas personas. Figuras clave alineadas con la agenda migratoria de Trump se preparan para aplicar el plan.

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, ha sido nombrada secretaria de Seguridad Nacional, y el exdirector interino del ICE Tom Homan ha sido designado «zar de la frontera».

Homan confirmó que está ultimando la estrategia, que incluye el aumento de las detenciones y la utilización de recursos militares.

Los críticos advierten de que la envergadura y los costes del plan podrían tener graves repercusiones económicas.

Los expertos señalan la escasez de mano de obra y los trastornos en sectores como la agricultura, donde la mano de obra inmigrante es vital.

Manuel Cunha Jr., presidente de la Liga de Agricultores Nisei, advirtió: «Si me quitaran la mano de obra, no comería».

Aunque los detalles sobre la asignación de recursos siguen siendo inciertos, Homan expresó su confianza en lograr remociones significativas, dependiendo de la financiación y el personal.

La propuesta de Trump marca una expansión sin precedentes de la participación militar en la aplicación de la ley de inmigración nacional, señalando un cambio drástico de política.

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