El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha cerrado un acuerdo con los sindicatos para reformar la protección asistencial por desempleo tras renunciar a una de las medidas más polémicas que contenía: reducir la cotización por jubilación que abona el SEPE por los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, que en marzo sumaron 460.000 personas. Polémica porque fue la razón que esgrimió Podemos para 'tumbar' la norma en el Congreso, pero también porque esta aportación, que cuesta 1.872 millones de euros al año, es una de las figuras aprovechadas por las 'prejubilaciones' en el marco de despidos colectivos.
Este es el único caso de subsidio que cotiza para la jubilación. A diferencia de las 'prestaciones contributivas' (en las que la cotización se calcula sobre la base reguladora que percibe el desempleado), para los mayores de 52 años se utiliza como referencia el 125% del tope mínimo de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento y que evoluciona en función del salario mínimo interprofesional (actualmente 1.323 euros mensuales). Además, lo hace hasta que llega el momento de su jubilación ordinaria.
El frustrado decreto ley que aprobó el Gobierno en diciembre no planteaba eliminar este mecanismo excepcional que solo beneficia a los mayores de 52 años, sino reducir progresivamente el porcentaje al 100%. Pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no logró convencer a sus ex socios de Podemos, que votaron en contra de la norma y forzaron la primera gran derrota política del Gobierno de coalición en la Legislatura. Ello ha obligado a sentarse a negociar con los sindicatos y la patronal para presentarlo como un acuerdo de la Mesa del Diálogo Social, si bien finalmente solo ha logrado el aval de los representantes de los trabajadores.
Este es el único caso de subsidio que cotiza para la jubilación. A diferencia de las 'prestaciones contributivas' (en las que la cotización se calcula sobre la base reguladora que percibe el desempleado), para los mayores de 52 años se utiliza como referencia el 125% del tope mínimo de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento y que evoluciona en función del salario mínimo interprofesional (actualmente 1.323 euros mensuales). Además, lo hace hasta que llega el momento de su jubilación ordinaria.
El frustrado decreto ley que aprobó el Gobierno en diciembre no planteaba eliminar este mecanismo excepcional que solo beneficia a los mayores de 52 años, sino reducir progresivamente el porcentaje al 100%. Pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no logró convencer a sus ex socios de Podemos, que votaron en contra de la norma y forzaron la primera gran derrota política del Gobierno de coalición en la Legislatura. Ello ha obligado a sentarse a negociar con los sindicatos y la patronal para presentarlo como un acuerdo de la Mesa del Diálogo Social, si bien finalmente solo ha logrado el aval de los representantes de los trabajadores.
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